Esfuerzo republicano a nivel federal relajaría requisitos prestatarios

Los esfuerzos de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la mayoría republicana del Congreso para desregular el sector bancario – luego de años de un estricto marco regulatorio implementado por la administración de Barak Obama a raíz de la crisis financiera de 2008 – promete brindar un alivio al sector empresarial  de Puerto Rico, particularmente aquellas pequeñas y medianas empresas (PYMES) que no han podido obtener préstamos por parte de la banca local.

A grandes razgos, esta fue una de las conclusiones principales de Markus Veith, socio de Advisory de Grant Thornton Nueva York, durante su participación como orador en el Foro de Instituciones Financieras, celebrado recientemente en San Juan.  No obstante, el experto de Grant Thornton US – una de las firmas miembro, junto a Kevane Grant Thornton, de la organización global Grant Thornton International Ltd – advirtió que el intento de desregular el segmento podría generar las condiciones que provocaron la crisis bancaria en un principio, entre ellas, la proliferación de derivados y otros instrumentos financieros de alto riesgo y de carácter especulativo.

“Creo firmemente que el alivio regulatorio que se vislumbra permitirá que los bancos puedan prestar de nuevo a los mercados locales, apoyar a las PYMES y darle un impulso a la economía,” dijo Veith a El Nuevo Día.

“Ahora mismo, la economía (tanto en los EEUU como en Puerto Rico) ha sido liderada por el gasto gubernamental y las grandes corporaciones, y mientras las corporaciones han reportado ganancias a niveles record, las PYMES han sufrido porque no cuentan con el acceso a crédito necesario para expandir sus negocios.”

La pieza legislativa principalmente dirigida a la desregulación bancaria, llamada el “Financial Choice Act” fue aprobada por la Cámara de Representantes del Congreso el pasado 8 de junio, y actualmente está en manos del Senado federal, donde se prevé que pasará por varios cambios, Veith señaló. No obstante, una de las provisiones en el proyecto de ley que está cobrando mayor impulso liberaría a los bancos locales de los llamados “stress tests”, esencialmente una serie de pruebas que miden la capacidad de los bancos de manejar una crisis económica.  Dichos “stress tests”, particularmente aquellas establecidas por la Ley Dodd-Frank del 2010, han impuesto un peso regulatorio desproporcionado a la banca local, según varios ejecutivos que asistieron al Foro.

“Muchos bancos han estado temerosos de dar préstamos por las sanciones que puedan recibir si prestan a personas con una clasificación de crédito menor a excelente; ahí se vería un alivio,” indicó Veith. “En la categoría de préstamos hipotecarios, las regulaciones que impone el CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) también se cambiarían.  El CFPB ha sido particularmente intrusivo en lo relacionado a hipotecas, préstamos de auto y tarjetas de crédito; los bancos se han desligado de esos mercados como resultado,” añadió.

En cuanto a la posibilidad de que el marco regulatorio se torne demasiado laxo en el futuro, lo cual podría desencadenar una crisis similar a la de 2008, Veith señaló que el sector bancario cuenta ahora con instrumentos que buscan minimizar esa posibilidad. “Los sistemas y prácticas que se han implementado son para beneficio de los bancos”, comentó el socio de Advisory de Grant Thornton US. “Ahora, los bancos cuentan con mucha más data, a nivel préstamos y clientes, así como un retrato más claro de sus activos.”

El riesgo principal, a juicio de Veith, es “la mentalidad de dejar que los mercados se regulen a ellos mismos. Cuando se trata de hacer dinero y generar ganancias, la memoria es corta. Con cada nueva generación de banqueros que entra, existen aquellos que les dan un vistazo a sus cheques de bono y están dispuestos a hacer lo que sea.  Hay que liberar a los bancos, pero también deben haber sistemas de manejo de riesgo establecidos.  Debe haber un balance”.

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